Dina Ercilia Boluarte Zegarra, nacida el 31 de mayo de 1962 en Chalhuanca, Apurímac, es una destacada abogada y figura política peruana. Desde el 7 de diciembre de 2022, asumió la presidencia de la República del Perú, tras la aprobación de la tercera moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo por el Congreso peruano, en respuesta a un intento de autogolpe. Es históricamente la primera mujer en liderar el país.
Durante las elecciones presidenciales de Perú en 2021, Boluarte Zegarra fue elegida como primera vicepresidenta, cargo que ocupó desde el 28 de julio de 2021 hasta su ascenso a la presidencia. Previamente, ejerció como ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, desde julio de 2021 hasta noviembre de 2022.
La formación académica de Boluarte Zegarra incluye una licenciatura en Derecho obtenida en 2005 en la Universidad de San Martín de Porres, seguida de una maestría en Derecho Notarial y Registral en la misma institución.
Dina Boluarte ha desempeñado roles destacados tanto en el ámbito profesional como en la política peruana. Durante siete años, ejerció como funcionaria en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ocupando cargos importantes como abogada y jefa de una de sus oficinas desde 2007.
En agosto de 2021, solicitó una licencia en Reniec para presentarse como candidata en las elecciones generales, pero su solicitud fue denegada debido a la incompatibilidad de su cargo con las funciones en el Ejecutivo. A pesar de ello, continuó en su cargo, alegando la posibilidad de retorno y recurriendo al concepto de «Sin goce de haber». Finalmente, renunció en abril de 2022 a su puesto de jefa encargada de la Oficina Registral Surco, Higuereta.
Además, Boluarte ha incursionado en la vida política, postulándose sin éxito a la alcaldía del distrito de Surquillo en 2018 y participando en las elecciones parlamentarias extraordinarias de 2020 por Perú Libre, aunque no logró obtener un escaño en el Congreso.
El 23 de enero de 2022, Boluarte declaró en una entrevista que nunca adoptó la ideología de Perú Libre, lo que provocó su expulsión del partido por el secretario general, Vladimir Cerrón, quien afirmó que su comentario amenazaba la unidad del partido.
Dina Boluarte desempeñó roles clave en el gobierno peruano, comenzando como candidata a la primera vicepresidencia durante las elecciones generales de 2021 por el partido Perú Libre, donde la fórmula encabezada por Pedro Castillo ganó en la segunda vuelta. Asumió el cargo el 28 de julio del mismo año.
Posteriormente, el 29 de julio de 2021, Boluarte fue nombrada y posesionada por el presidente Pedro Castillo como ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Mantuvo este cargo hasta el 25 de noviembre de 2022, cuando presentó su renuncia como ministra de Estado.
En un evento posterior, el 5 de diciembre de 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desestimó y archivó un recurso de inconstitucionalidad presentado contra Boluarte por operar un club privado mientras era ministra de Desarrollo. Este resultado fue respaldado por varios partidos políticos en el Congreso.
El 7 de diciembre de 2022, Dina Boluarte asumió la presidencia de la República del Perú tras la vacancia presidencial de Pedro Castillo por el Congreso de la República, tras un intento de autogolpe y posterior destitución. Se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia del país.
En su primer discurso ante el Congreso, denunció al presidente Castillo y expresó su voluntad de formar un Gobierno de unidad nacional para abordar la actual crisis política.
El 12 de diciembre, anunció su intención de adelantar las elecciones generales para abril de 2024, instando a todos los partidos y al pueblo peruano a participar en este proceso democrático.
En una entrevista con Willax Televisión el 22 de diciembre, manifestó su distanciamiento con el partido político que la postuló, Perú Libre.
El 29 de diciembre de 2022, la congresista Sigrid Bazán presentó una denuncia constitucional contra Boluarte y otros funcionarios por «violencia de Estado» durante protestas que dejaron fallecidos y heridos.
El 20 de enero de 2023, Boluarte y otros miembros del Gobierno fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional por genocidio y crímenes de lesa humanidad debido a las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas.
Para noviembre de 2023, el Ministerio Público formuló una denuncia penal contra Boluarte por presunto homicidio, aunque su abogado negó las acusaciones y las consideró parte de una guerra interna.
Durante su mandato como presidenta, Dina Boluarte enfrentó críticas por su imagen pública. A pesar de haber adoptado un vestuario sobrio y mesurado, surgieron controversias relacionadas con su estilo de vida y ostentación.
Se reportó que Boluarte exhibía una colección de relojes de lujo, incluyendo marcas como Rolex, lo que generó polémica debido al contraste con el salario presidencial y la falta de transparencia en su declaración jurada de bienes.
La presidenta también enfrentó bajos índices de aprobación, llegando a ser considerada «el personaje negativo del 2023» en una encuesta de Datum. A pesar de esto, Boluarte desestimó estas cifras y se autoproclamó como «la mamá de todo el Perú», ignorando las críticas y destacando su supuesta conexión con el pueblo.
Además, en 2024, Boluarte fue objeto de un acto de agresión por parte de un familiar de una víctima de la represión policial. Este incidente puso en evidencia fallas en la seguridad del Estado y resultó en cambios en el personal de seguridad y renuncias en la agencia de inteligencia.
Estos eventos contribuyeron a una imagen controvertida y cuestionamientos sobre la gestión de Boluarte como presidenta del Perú.
El despido y detención de Pedro Castillo desencadenaron una ola de protestas a nivel nacional, liderada por sindicatos, organizaciones civiles, sociales, pueblos indígenas y partidos de izquierda. Las demandas incluían la disolución del Congreso, la renuncia de Dina Boluarte, la convocatoria de nuevas elecciones, la liberación de Pedro Castillo y la formación de una asamblea constituyente.
Estas manifestaciones impactaron especialmente en las zonas más empobrecidas del país, las mismas que habían respaldado ampliamente a Castillo en las elecciones de 2021. El gobierno respondió declarando el estado de emergencia en todo el país y desplegando al ejército contra los manifestantes.
En diciembre de 2022, Ayacucho y Apurímac fueron escenario de violentas represiones que resultaron en múltiples víctimas mortales. Se impuso el toque de queda en quince provincias y la violencia estatal provocó la muerte de al menos veinte personas, en su mayoría por disparos.
Organizaciones como Amnistía Internacional exigieron el cese inmediato de la violencia estatal, mientras que los medios de comunicación mayoritariamente controlados por el Grupo El Comercio tendieron a minimizar los hechos, calificando a los manifestantes de «terroristas y delincuentes».
En enero de 2023, la represión se intensificó en Juliaca, Puno, con la muerte de 17 manifestantes y decenas de heridos. El gobierno justificó su actuación acusando a los manifestantes de delincuentes y anunció un toque de queda en el departamento de Puno.
El 11 de diciembre, Boluarte propuso adelantar las elecciones, primero a abril de 2024 y luego a diciembre de 2023, ante las crecientes protestas. Sin embargo, el Congreso se negó a adelantarlas a la fecha propuesta, generando tensiones adicionales en el escenario político.
Según sondeos, el 83 % de los peruanos apoyan elecciones anticipadas. Políticamente aislada y con un bajo respaldo ciudadano, Boluarte enfrenta la falta de apoyo de Perú Libre y una oposición mayoritaria a su presidencia. A pesar de ello, cuenta con una posible alianza tácita con partidos de derecha.
La crisis política llevó a la renuncia de dos ministros el 16 de diciembre, quienes expresaron su rechazo a la violencia estatal. Esta situación refleja la creciente presión sobre el gobierno de Boluarte.
El 20 de diciembre, el Congreso aprobó un proyecto de ley para convocar elecciones en abril de 2024, postergando la fecha inicialmente propuesta. Además, se estableció que los mandatos presidenciales y parlamentarios finalizarían en julio de 2024.
Ante las protestas y la represión violenta, tres miembros del gobierno renunciaron en enero de 2023, sumándose a la presión sobre Boluarte. La presidenta también desactivó su cuenta de Twitter (X) en medio de las críticas.
En abril de 2023, el Congreso rechazó una moción de vacancia presidencial por «permanente incapacidad moral» a Boluarte, debido a la falta de votos necesarios. Sin embargo, la fiscalía inició una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y la policía incautó relojes de lujo en su domicilio.
En medio de la crisis, Boluarte realizó múltiples cambios en su gabinete, incluyendo al ministro del Interior, en un intento por estabilizar su gobierno frente a la creciente presión política y social.
En las elecciones generales peruanas de 2021, Dina Boluarte se alineó con Perú Libre, una agrupación política de izquierda a extrema izquierda. Sin embargo, su ascenso a la Presidencia de Perú tras la destitución de Pedro Castillo en 2022 ha generado controversia dentro de su partido debido a lo que se percibe como un alejamiento de las posturas originales y el nombramiento de figuras de derecha en su gabinete.
A lo largo de su gestión, Boluarte ha establecido alianzas parlamentarias con sectores conservadores del Congreso, incluso alcanzando entendimientos con el fujimorismo. Esta evolución política ha llevado a una percepción cambiante de Boluarte en relación con Perú Libre, siendo ahora asociada con ideologías anarco-radicales.
Analistas políticos han destacado la inexperiencia de Boluarte y su aparente transformación ideológica desde posturas de izquierda hacia posiciones más cercanas a la derecha e incluso a la ultraderecha. Este cambio ha provocado críticas, especialmente entre aquellos que inicialmente respaldaron su gestión.
Se ha señalado a Boluarte como una «oportunista» por su adaptabilidad política, pasando de un gobierno de izquierda como vicepresidenta a alinearse con figuras de derecha en el Congreso tras asumir la presidencia. Además, su respuesta a las protestas ha sido duramente cuestionada, siendo acusada de apoyar la represión de civiles desarmados.
En resumen, la trayectoria política de Boluarte ha generado debates sobre su ideología y lealtades políticas, lo que ha contribuido a la polarización y la inestabilidad política en el Perú.
La actitud de Boluarte frente a estas controversias ha sido objeto de críticas adicionales, especialmente por su falta de transparencia y respuestas evasivas ante las acusaciones. Su silencio inicial y la falta de justificación sobre los diversos escándalos han generado desconfianza entre la opinión pública y la prensa.
En resumen, las controversias que rodean a Dina Boluarte han planteado serias dudas sobre su integridad y capacidad para liderar el país, lo que ha contribuido a la creciente desconfianza y la percepción negativa de su gestión.
Durante su carrera política, Dina Boluarte ha estado envuelta en diversas controversias que han generado cuestionamientos sobre su conducta y transparencia en el ejercicio de sus funciones.
Uno de los puntos de conflicto surgió cuando Boluarte postuló a la Vicepresidencia mientras trabajaba en el Reniec, lo que supuestamente infringía el reglamento interno de trabajo. Aunque la Ley Orgánica de Elecciones no requería que dejara el cargo público, excepto en casos de alto cargo, esta situación generó debate sobre su ética laboral.
Otra controversia significativa se produjo cuando se reveló que un libro del cual Boluarte fue coautora habría plagiado contenido de otras fuentes sin permiso. Esta revelación, compartida por medios nacionales e internacionales, provocó críticas hacia la mandataria por su presunta falta de originalidad y ética académica.
Además, la gestión de Boluarte ha sido objeto de escrutinio por presuntos casos de corrupción, como la investigación sobre la adquisición de relojes de lujo, que generaron dudas sobre la fuente de sus ingresos. La falta de claridad en las declaraciones juradas y los movimientos bancarios ha alimentado las sospechas sobre posibles prácticas indebidas.
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